A 103 años de la 1era ley de protección social

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Artículo original que hace referencia a la 1º ley de protección social chilena:
A 103 años de la 1era ley de protección social
de Rodrigo Martínez Peric

MEMORIA SOCIAL CHILENA

 

A 103 años de la 1era ley de protección social

 

Dr. Rodrigo Martínez Peric

 

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Chile enfrenta 200 años de vida independiente, con una problemática similar a la que sufría al momento de cumplir un centenario de existencia. Ambas épocas se caracterizan por grandes contrastes sociales, como también coinciden en la existencia de un Estado sólido desde el punto de vista financiero.  La inequidad en la distribución del ingreso del país, como la existencia de un importante grupo de la sociedad, sin representación política real, son comunes denominadores que han tendido a mantenerse en la historia del Chile Republicano.  

 

Un siglo atrás, el caudaloso torrente aurífero proveniente de la extracción salitrera, cuya producción requería del esfuerzo mancomunado de muchos, nos permitía ser la primera potencia militar de Sudamérica.

Santiago contaba con un fragmento de Paris, emplazado en el propio Barrio República. Aunque parezca hilarante, un segmento de nuestra sociedad, la élite, estaba empeñada  patológicamente en asemejarse a la sociedad francesa.  Lo anterior, contrastaba en forma violenta con la situación de marginalidad en que vivía la mayor parte de la población del país. Al iniciarse el siglo XX,  Santiago contaba con alrededor de 1600 conventillos, los cuales albergaban a 75 mil personas,  correspondientes a una cuarta parte de la población capitalina.

 

 

Fig. Nº 1: Visión panorámica de un conventillo capitalino de principios del siglo XX, en donde se puede apreciar una escena típica, con la acequia atravesando su calle principal (Archivo Biblioteca Nacional) Memoria Chilena.

 

Durante la República Parlamentaria, período de 34 años que se inicia posterior a la Revolución del 91, el control del país radicaba en el Congreso, relegando al ejecutivo a una función secundaria y decorativa. Chile, fiel a su historia de soluciones extremas, cambiaba el Presidencialismo por un régimen que comandaba el país desde el Parlamento, teniendo como elemento central a los partidos políticos, los que a su vez, defendían los intereses de sus dirigentes y patrocinantes. Esto se traducía en la práctica, en que el Congreso removía a los ministros de Estado a su antojo. En el período presidencial de Ramón Barros Luco (1910-1915),  transitaron por la Moneda un total de 15 gabinetes ministeriales, integrados a su vez,  por 55 ministros.

 

La riqueza "fácil" proveniente de la explotación del salitre, que emanaba sin necesidad de trabajar, fue quizás, el factor más importante en la profunda transformación valórica que experimentó nuestra clase dirigente de la época, y que finalmente terminó por desperfilarla como grupo monopolizador del poder político.

 

Nuestra oligarquía "castellano-vasca,"paulatinamente se había entremezclado con los  nuevos millonarios del salitre, grupo constituido principalmente por extranjeros, la mayoría de ellos industriales, comerciantes y banqueros. Esta conjunción dio origen a una nueva clase social, que con el tiempo, se transformaría en la protagonista principal, de la  denominada "belle époque" social chilena.

 

 Los aristócratas criollos, cuyos antepasados habían forjado la República a punta de tesón y trabajo, cambiaron el abnegado giro de sus ancestros,  por el ejercicio con dedicación exclusiva, del placer y el ocio.

 

Imperaba una nueva manera de ver la vida. El cricket, el golf, y el tenis eran consideradas actividades fundamentales del diario vivir. Todos aspiraban a ser inmortalizados en las páginas de la Revista Zig-Zag, realizando algún tipo actividad social.

 

La sociedad vivía un afrancesamiento extremo. Quien se considerara "bien nacido",  debía dominar el idioma galo, por ese tiempo lengua oficial del país. Nunca antes, la moda nacional pudo expresar con mayor propiedad, Paris-Londres-Santiago.

 

 La "socialité criolla" transcurría entre los salones del Club de La Unión, y en las canchas del Club Hípico, lugares en donde frecuentemente eran tomadas las decisiones que posteriormente adoptaría el Parlamento, motor conductor del país.

 

 El Chile Republicano del siglo XIX, que tenía como eje central "la hacienda", y como hábitat natural el campo, paulatinamente se modifica, erigiendo a la industria y la minería como sus pilares fundamentales, y a la ciudad como su escenario principal.

 

 La población chilena rural, que a comienzos del siglo XX alcanzaba al 50% del total, inicia una migración paulatina a las ciudades. Las urbes existentes no poseen la infraestructura, ni los servicios sanitarios para albergar a los nuevos habitantes, por lo que estos optan por instalarse en los sectores periféricos. Prefieren lugares cercanos a los basurales, lo que les facilita la recolección de desperdicios, actividad que para muchos de ellos, constituye la principal fuente de sustento. No cuentan con agua potable, ni alcantarillado, por lo que son diezmados por las epidemias.

 

 

Fig. Nº 2: Recolectores hurgan en un basural capitalino en 1903, antecesores de los actuales cartoneros (Archivo Biblioteca Nacional). Memoria Chilena

 

 El antiguo inquilino, desarraigado del sistema de hacienda e instalado precariamente en Santiago, observa detenidamente el cambio conductual de la clase dirigente, cuyo discurso tradicional basado en el culto al linaje, la alcurnia, y la superioridad espiritual, habían dado paso definitivo a la ostentación de la riqueza como criterio fundamental de validación personal ante la sociedad.

 

Chile enfrenta el Centenario de vida independiente, marcado por un abismo social enorme, asociado a un cuestionamiento popular sobre la clase dirigente.  La sociedad quebrajada, aun exhibe las  profundas cicatrices que la Revolución del 91 dejó. El período está caracterizado por innumerables atrocidades y abusos cometidos en contra de la clase trabajadora, los que tienen como consecuencia la formación de las primeras organizaciones de obreros denominadas mancomunales, estas, de la mano de Luis Emilio Recabarren  tendrán una expresión política posterior.

 

 El "roto" se sentía traicionado por sus patrones. Estaba dolido. La sociedad reconocía su existencia en forma virtual. El Dr. Nicolás Palacios en su opera prima: "Raza Chilena", había realizado una detallada descripción de sus características e idiosincrasia. Incluso se le encargó al afamado escultor Virginio Arias, una obra en su honor. Esta se posicionó en la Plaza Yungay en el verano de 1888. Cada 20 de enero, la sociedad le rendía homenajes, y honores, pero: ¿Quién era realmente el roto chileno?

Para muchos, su existencia se remontaba a las guerras de la independencia, donde su accionar fue determinante para la victoria patriota, también había defendido el país contra la amenaza de la Confederación Perú-Boliviana, batiendo por paliza a un ejército numéricamente superior; posteriormente en 1879, conquistó la riqueza nortina a "bayoneta calá"; para 12 años después doblegar a un ejército profesional, derrocando a Balmaceda, y reconquistando el "oro blanco". En otras palabras, la sociedad solo reconocía la existencia del "roto", cuando invocaba conceptos de nacionalidad, o  rememoraba victorias militares, el resto del tiempo no existía, ni tenía relación alguna con la clase proletaria. Por tanto, la frustración que el "roto" sentía tenía el más válido de los  sustentos.

Aun se respiraba en el ambiente la masacre de Santa María, el movimiento obrero fue transitoriamente silenciado. Reinaba el miedo, incluso en los que ordenaron la ejecución. Sin embargo, el país obligatoriamente debía darse una tregua. Las fiestas del Centenario se aproximaban. Aunque el distanciamiento de los grupos sociales en el país era enorme, aun persistía el sentimiento nacional aglutinador.

En la organización de las celebraciones participaron principalmente los aristócratas, no obstante lo anterior, el "roto chileno" se sentía el protagonista principal. Mezcla de español heroico, valiente guerrero araucano, y algunas trazas germánicas que reforzaban su estirpe, según las descripciones del Dr. Palacios, estaba dispuesto a dar una tregua momentánea a sus justas reivindicaciones, para celebrar el cumpleaños Nº 100 de la nación, de la cual se sentía partícipe y más dueño que nadie.

 

 Solo unos pocos eran capaces de percibir la profundidad y amplitud de la crisis que enfermaba a la nación. El dogmatismo nacional estaba en la ruina, y la clase política, integrada por hombres y partidos, que no representaban al cuerpo social en su conjunto, estaban a punto de detonar una bomba que desintegraría la precaria unidad nacional.

 

 Chile en 1910, ad portas de celebrar un siglo de existencia independiente y cuando las condiciones económicas eran ideales,  presentaba una estructura demográfica recesiva, vale decir morían más personas de las que nacían. Las tasas de mortalidad eran las mayores de Latinoamérica (31,7 por 1000 hab.), la esperanza de vida era de 31,5 años, en tanto la mortalidad infantil alcanzaba el 31%, concluía el Dr. Salvador Allende en un estudio realizado años después, siendo ministro de salud de Pedro Aguirre Cerda.

 

Como anteriormente mencionamos, existía un grupo minoritario de políticos y ciudadanos, que habían realizado un diagnóstico correcto. Entre estos se encontraban fundamentalmente miembros de una nueva clase social ilustrada, que sin representación política, clamaba por mayor justicia social.

La asistencia y la caridad, mecanismos tradicionales con que la sociedad chilena intentaba infructuosamente compensar el desequilibrio reinante, debían ser reemplazados por herramientas de mayor efectividad, como una legislación clara y específica, que estuviera en concordancia a la realidad mundial, y que respetara los derechos básicos de las personas, situando al Estado como garante de estos.

 

De esta forma, y con la determinada acción de don Manuel Rivas Vicuña,  tomó cuerpo la primera ley social de la República, denominada la Ley de Habitaciones Obreras (Nº 1.838), la que fuera promulgada con fecha 20 de febrero de 1906, en el gobierno de Germán Riesco (1901-1905).

 

 Esta ley, cuyo análisis debe realizarse desde una perspectiva histórica, centraba el problema social existente en los conventillos. Estos, más que ser la consecuencia de un problema profundo, eran considerados como la causa del mal, por tanto había que erradicarlos.

 

El cuerpo legal creó la figura de los denominados "Consejos Departamentales de Habitaciones para obreros", entes administrativos que tenían por función, evaluar la condición sanitaria en que se encontraban las viviendas existentes, declarándolas higiénicas o insalubres. Cuando las condiciones de insalubridad eran reversibles, se instaba al dueño de la vivienda a que realizara las reparaciones pertinentes. Si los daños eran estructurales, o bien si existía un foco epidemiológico que pusiera en riesgo la salud de la población, el Consejo a través de un procedimiento ejecutivo, estaba facultado para ordenar la demolición del inmueble insalubre.

 

 El Estado, conciente de la necesidad de viviendas obreras de calidad, favorecía la construcción de las denominadas "habitaciones obreras higiénicas", promoviendo la enajenación de terrenos fiscales, que fueran destinados para estos fines. Así mismo, actuaba como aval directo sobre el 75% del capital invertido en la construcción de viviendas "higiénicas",  asegurando además, el pago durante 20 años, de un 6% de interés anual al inversionista.

 Los Consejos Departamentales podían intervenir en la administración de los inmuebles declarados higiénicos, siempre y cuando la gestión del propietario no cubriera el valor de los intereses que el Estado se había comprometido solventar.

 

 Los habitantes de estas viviendas gozaban de una serie de franquicias, tales como la gratuidad en el consumo de agua potable y las exenciones al pago de contribuciones municipales, y otros impuestos fiscales. La Ley obligaba a los municipios a realizar obras de adecuación tales como aceras,  calles de acceso, escuelas públicas y conexión al alcantarillado público. Se establecía prohibición del funcionamiento de comercios expendedores de alcohol, aledaños a las habitaciones, durante un lapso de tiempo comprendido entre las 15 hrs. del sábado hasta las 8 hrs. del día domingo. Se declarada además, que las viviendas obreras higiénicas, eran inembargables, e indivisibles en un eventual proceso de partición, ante la existencia de herederos menores de edad.

 

De este modo, se establecía la primera ley Social de La República, cuya efectividad es comprobable 103 años después de su promulgación, ya que muchas de las edificaciones construidas bajo el amparo de esta ley, todavía subsisten y continúan cumpliendo el rol para lo que fueron creadas.

 

 

Fig. Nº 3: Población Huemul en el año 1912, conjunto "higiénico" (Archivo Biblioteca Nacional).

                 Memoria Chilena

 

Jurídicamente la Ley de Habitaciones, no solo es la primera ley social del país, si no que corresponde a una concesión estatal,  que involucra necesariamente la participación de capitales privados, con el objeto de mejorar las condiciones de vivienda del segmento más vulnerable de la población del país.

 

Aunque la Ley de Habitaciones Obreras puede considerarse como el primer intento en serio, que la sociedad chilena realizó en pos de la justicia social, debieron posteriormente acontecer una serie de hechos lamentables, que decantaron finalmente en la aprobación de la Ley del Seguro Obrero el año 1924. El Congreso Nacional,  presionado por la crisis militar, debió aprobar las leyes que otorgaban protección social, provocando la renuncia del presidente Arturo Alessandri, y el término de la oscura época del Parlamentarismo.

 

 

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Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que un siglo después, el panorama social del país, permanece invariable. La película ha cambiado de actores, no así de argumento. La riqueza continúa concentrada en pocos, y se genera fundamentalmente de la explotación minera.

 

 La clase proletaria se emplaza en la periferia de la ciudad. Se reposiciona la cultura urbana. La búsqueda de mejores perspectivas económicas, nuevamente provoca el traslado de las personas a las ciudades.   Esta vez, la modernidad ha acortado las distancias, por lo que los inmigrantes del siglo XXI proceden en su mayor proporción del extranjero.

En la actualidad aproximadamente un  1,5% de la población que vive en el país es extranjera. La mayoría proviene de países limítrofes, a diferencia de lo que ocurría hace un siglo, en donde existía un claro predominio de inmigrantes europeos.

 Resulta indudable que la inmigración proveniente del Perú ha experimentado un gran crecimiento en la última década. Se calcula que actualmente 100.000 peruanos residen en el país, lo que corresponde a 1/3 de la población extranjera.  Aunque un 59% ha completado la instrucción secundaria, la mayor parte accede a empleos precarios y mal remunerados. En la práctica, una gran proporción de ellos se encuentra en una desprotección social completa, lo que los convierte en dignos representantes de nuestra clase proletaria de comienzos del siglo XX. La sociedad les niega derechos, se les acusa de provocar cesantía y de utilizar la alicaída salud pública del país.

Los inmigrantes peruanos, habitan preferentemente en grandes casonas del casco histórico de Santiago, cuyos propietarios descubrieron un lucrativo negocio, alquilar por habitación. Es así, como una casona puede albergar a cientos de ellos, resucitando con esto a nuestros extintos conventillos.

 

Las antiguas y señoriales mansiones, hoy convertidas en habitaciones de obreros, ven sobrecargadas sus precarias instalaciones eléctricas y colapsados sus añosos servicios sanitarios, consecuencia de una demanda desproporcionada. Los recolectores de basura  protestan, con justa razón, ya que terminan auxiliando a las alcantarillas, debiendo trasladar desechos biológicos humanos en los más diversos envases, con el consecuente problema sanitario, que a nadie parece importar.

 

 La sobrecarga de los circuitos eléctricos, y las necesidades de cocina y calefacción de cada una de las familias, provocan que nuestros edificios patrimoniales, los pocos que las inmobiliarias han respetado, sean presa fácil del fuego.

 

Este Dantesco cuadro pictórico rememora, las notables descripciones que realizara el escritor nacional Nicomedes Guzmán refiriéndose a nuestras centenarias habitaciones obreras, donde la basura y desechos biológicos eran arrojados directamente en las acequias, que solían cruzar por el interior de estas precarias viviendas.

 

 Cada vez que un edificio patrimonial sucumbe, se destruye el recuerdo de las vidas humanas que permitieron su edificación. Por tanto, estas construcciones deben considerarse propiedad de toda la sociedad en su conjunto, por lo que normalmente es deber del Estado velar por preservarlos y restaurarlos.

 

 Los problemas que la vida en sociedad genera, no son nuevos, es más, gran parte de estos, resurgen en la historia con una regularidad casi matemática.

 

Aunque los grandes conflictos de la humanidad tienen condicionantes económicas y religiosas, la gran mayoría de estos, se han generado producto de la incompetencia de los diversos regímenes en la representación de todos los estamentos que componen una sociedad.

 

Las semejanzas que el Chile Bicentenario tiene con el Chile Centenario resultan evidentes. Ambos países presentan una fracción importante de su población  sin representación política, en ambos, existe una desproporción en la distribución de la riqueza, lo que determina una desigualdad social extrema.

 

Un siglo después de la promulgación de la primera ley de protección social en el país, la crisis moral recobra más actualidad  que nunca. La sociedad olvidó nuevamente el valor y los derechos de las personas, en tanto sus representantes políticos se muestran incapaces en la resolución de los problemas de la población.

 

Lo que  ocurrió con el Parlamentarismo, ya es historia, que a pocos importa. Las reformas sociales que el pueblo pedía, debieron políticamente aprobarse bajo amenaza de "sables". El costo en vidas humanas, ya sabemos quien lo asumió. La Constitución debió reformularse, esta vez, para el otro extremo del péndulo: Presidencialista.  Posteriormente sucedió la dictadura militar, a cargo de Carlos Ibáñez, situación que con otros actores, volvería a repetirse cuarenta años después...

 

 

 

 

Lectura Recomendada

 

 

 

1.- D´Halmar Augusto: Juana Lucero. Imprenta, Litografía y Encuadernación Turín. Santiago, 1902.

 

2.- Edwards Bello Joaquín: El inútil. Sociedad Imprenta y Litografía Universo, Santiago, 1910.

 

3.- Edwards Bello Joaquín: El roto. Editorial Chilena. Santiago, 1920.

 

4.- Gross Patricio, de Ramón Armando, Vial Enrique: Imagen ambiental de Santiago 1880-1930. Univ. Católica de Chile. Santiago, 1984.

 

 

5.- Guzmán, Nicomedes: Los hombres obscuros

 Ediciones Yunque, Imprenta Minerva. Santiago, 1939.

 

6.- Morla Lynch Carlos: El año del Centenario. Ed. Universitaria, Imprenta Minerva. Santiago, 1922

 

 

7.- Palacios Nicolás: Raza chilena: libro escrito por un chileno y para los chilenos. Editorial Chilena. Santiago, 1918.

 

8.- Poblete Troncoso Moisés: Legislación social obrera chilena (recopilación de leyes y disposiciones vigentes sobre el trabajo y la previsión social). Imprenta Santiago, 1924.

 

9.- Reyes del Villar, Soledad: Chile en 1910. Una mirada cultural en su centenario. Impresión Maval Ltda. Santiago, 2004.

 

10.- Sagredo Rafael, Gazmuri Cristián: Historia de la vida privada en Chile. El Chile moderno 1840 a 1925. Tomo 2. Aguilar Chilena de Ediciones. Santiago, 2005.

 

 

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